Ante la consulta de los legisladores sobre las acciones desarrolladas por el
Ejecutivo, el Ministro enumeró las medidas adoptadas desde el inicio mismo de la
gestión. Recordó que “la primer decisión adoptada en el marco de un plan de
seguridad” por el Gobierno, fue la de descentralizar el funcionamiento de la
Policía llevando las comisarías a los distintos barrios de la Provincia (4 en
Río grande, 3 en Ushuaia y 1 en Tolhuin), iniciativa que según los propios
oficiales presentes “contribuyó a mejorar” la prevención del delito.
Aramburu señaló que también se confeccionó un mapa del delito; que se obtuvo
respaldo de la Nación para la compra de nuevos móviles y equipamiento tras
gestiones iniciadas el año pasado; y que se trabaja coordinada y permanentemente
con las demás Fuerzas de Seguridad con asiento en la Provincia.
No obstante, el Ministro admitió las limitaciones que la Policía actualmente
atraviesa en lo referido a recursos humanos, ya que según la información
brindada por la Plana Mayor hay en actividad 1090 efectivos para toda la
Provincia, de los cuales alrededor de 100 ya están tramitando su retiro o gozan
de licencia.
Asimismo, el titular del Cartera Política recordó que la necesidad de recursos
humanos y materiales para la Institución ya fue planteada a la Legislatura en
anteriores oportunidades, y que atendiendo a esos requerimientos se sancionó la
Ley 774 – posteriormente declarada inconstitucional- que destinaba fondos
específicos a la seguridad, la salud y la educación.
Por su parte, el Jefe de Policía ratificó que “se acotó al máximo” la cantidad
de policías que llevaban a cabo tareas administrativas, por lo que actualmente
ese personal presta servicios en las calles. Sin embargo, aclaró que es
imposible para las distintas dependencias prescindir de todos, ya que hay tareas
que un civil no puede realizar.
Ojeda destacó por otro lado que, a partir de la implementación del sistema de
comisarías barriales “se estableció un contacto más fluido entre el vecino y el
policía, lo que genera un vinculo de confianza”, y que permitió el
esclarecimiento de varios ilícitos “gracias a la intervención inmediata ante un
llamado o denuncia”.
La puesta en marcha de las comisarías también sirvió “para poder evaluar
puntualmente y de mejor manera las necesidades de personal y materiales que cada
dependencia tiene” agregó el comisario.
Cabe acotar que en cada comisaría prestan servicios personal del comando de
operaciones; de policía judicial; efectivos capacitados para situaciones de
violencia familiar y delitos de índole sexual, y en problemáticas de minoridad.
En cuanto a la incorporación de nuevos efectivos, el Director de Institutos
Policiales explicó que para fines de año estarán en servicio 26 nuevos oficiales
y los primeros 120 de los 350 agentes que la Legislatura autorizó incorporar.
Estos últimos cumplirán con una instrucción intensiva de cuatro meses, y una vez
incorporados a las tareas de calle, seguirán siendo perfeccionados con distintos
cursos de capacitación.
Las autoridades provinciales, los oficiales de Policía y los legisladores
mantuvieron posteriormente un encuentro de carácter reservado.
El ministro de Gobierno Guillermo Aramburu, comentó en declaraciones a la prensa
que “respondiendo a la convocatoria de los legisladores, hemos brindado
información en materia de políticas públicas de seguridad que tiene que ver con
una definición integral y no solamente con lo vinculado a la Policía o la
prevención del delito”. En este sentido, el Ministro subrayó que “la seguridad
es una política de Estado y el Estado no se limita sólo al Poder Ejecutivo, por
lo tanto se requiere de la articulación de los distintos Poderes”.
« Volver
|
|